Mientras los ciudadanos y empresas residentes en el propio país están obligados al pago de sus impuestos como en cualquier otro lugar del mundo, los extranjeros gozan en la mayoría de los casos de una exención total, o al menos de una reducción considerable de los impuestos que deben pagar. Esto es así siempre y cuando no realicen negocios dentro del propio paraíso fiscal.
Los estados que aplican este tipo de políticas tributarias lo hacen con la intención de atraer divisas extranjeras para fortalecer su economía. En su mayoría se trata de pequeños países que cuentan con pocos recursos naturales o industriales. Difícilmente podrían subsistir de no ser por la boyante industria financiera que crece a la sombra de los capitales extranjeros.
Los paraísos fiscales han atraído, especialmente durante las últimas décadas, a un número creciente de inversores extranjeros. Generalmente se trata de ciudadanos y empresas que huyen de la voracidad recaudadora de sus países de residencia, en busca de condiciones tributarias más favorables. No es de extrañar, pues en algunos países con impuestos altos, especialmente en Europa, los tributos que paga una persona física o empresa pueden suponer casi un 50% de sus ingresos.
Esta fuga de capitales, como es lógico, no es vista con buenos ojos por los responsables fiscales de los países que la sufren. Al fin y al cabo se escapa con ella una parte importante de su recaudación. Por ello han tratado de reaccionar con diferentes medidas que dificultan y tratan de hacer inatractiva la transferencia de activos a paraísos fiscales.
Pero el nuevo orden mundial surgido con la globalización de la economía hace muy difícil ejercer un control eficiente sobre el movimiento del dinero. Tratar de poner trabas a la libre circulación de capitales chocaría frontalmente con las pretensiones de liberalización del comercio mundial que defienden, además de la mayoría de empresas y gobiernos, instituciones tan importantes como el Banco Mundial y la OMC (Organización Mundial del Comercio).
Por otro lado, las medidas legales tomadas con la intención de dificultar la salida de capitales, y que normalmente consisten en un tratamiento fiscal poco favorable de las inversiones en paraísos fiscales, tampoco han dado los resultados esperados.
Esto es debido a que en un paraíso fiscal es relativamente sencillo ocultar la titularidad de empresas o cuentas bancarias, por lo que muchos ciudadanos han optado simplemente por realizar sus operaciones en secreto.
¿Qué hacer entonces?
Esto actualmente se está realizando a través de diversos organismos internacionales, normalmente enarbolando la bandera de la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y las redes de blanqueo de capitales.
Así la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), el G-20 y el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) son los organismos más activos en este terreno. En cualquier caso la solución al problema es muy compleja, ya que para muchos de estos países es su propia supervivencia como nación lo que está en juego, al no tener otras alternativas económicas viables.
Hasta ahora hemos visto que la principal característica de un paraíso fiscal consiste en una política tributaria favorable a la inversión extranjera. Pero no es ni mucho menos la única. Existen una serie de peculiaridades adicionales que hacen que un país pase de ser considerado un simple territorio de baja tributación a un verdadero paraíso fiscal.
- Los datos personales de propietarios y accionistas de empresas no figuran en los registros públicos, o bien se permite el empleo de representantes formales (llamados nominees).
- Existen estrictas normas de secreto bancario. Los datos de los titulares de las cuentas sólo se facilitan a las autoridades si existen evidencias de delitos graves como el terrorismo o el narcotráfico.
- No se firman tratados con otros países que conlleven intercambio de información bancaria o fiscal.
- Se fomenta la estabilidad política y monetaria. ¿Quién invertiría en un lugar con continuos golpes de estado, guerras o una inflación galopante?
- Cuentan con una excelente oferta de servicios legales, contables y de asesoría fiscal.
- Suelen disponer de buenas infraestructuras turísticas y de transporte.
También conviene saber que existen diferencias entre un paraíso fiscal y otro. Algunos se enfocan más a dar servicio a personas físicas (particulares), mientras otros tratan de fomentar la constitución de personas jurídicas (sociedades). Y los hay por supuesto, que pretenden ambas cosas.
Existen jurisdicciones elitistas, especializadas en las grandes fortunas, y que resultan interesantes solamente para personas con una buena cantidad de dinero en el banco. Esto ocurre especialmente con las situadas en Europa. Pero esto no es la norma ni mucho menos. La mayoría de los paraísos fiscales aceptan también de buen grado a clientes menos acaudalados.
Precisamente han sido estos últimos los que han contribuido al espectacular desarrollo de esta industria financiera en las últimas décadas. Con la globalización y el desarrollo de Internet ya no es necesario desplazarse a lejanos lugares para constituir una sociedad o abrir una cuenta bancaria. Se han abaratado enormemente los costes de gestión, por lo que en la actualidad invertir en un paraíso fiscal está al alcance de casi cualquier persona
Que significa Offshore?
En el lenguaje financiero se utiliza el término offshore, metafóricamente, para describir cualquier actividad económica o inversión que se realiza fuera del propio país de residencia. Se puede tratar de productos muy variados: cuentas bancarias, pólizas de seguros, inversiones inmobiliarias, sociedades extranjeras, fondos de inversión, etc.
Debido a que estos negocios se realizan fuera del territorio donde uno reside, en castellano se les ha dado el calificativo de extraterritoriales. Esta palabra ha tenido sin embargo poca difusión, por lo que incluso en textos en castellano se emplea profusamente el término anglosajón.
A partir de los años 80, se fue restringiendo la aplicación del término offshore a determinados tipos de negocios. Se entendía que para poder hablar de una auténtica inversión extraterritorial ésta debía producirse en algún país o territorio que ofreciera determinadas ventajas con respecto al propio lugar de residencia. Hablamos de beneficios fiscales, facilidad de trámites para constituir sociedades, estrictas leyes de privacidad o de secreto bancario entre otros.
Estas condiciones se dan en los llamados paraísos fiscales que, debido la connotación peyorativa que tradicionalmente ha venido arrastrando este término, pasaron a autodenominarse jurisdicciones o centros financieros offshore. De este modo, en la actualidad, la palabra se emplea para describir a toda la industria y a la paleta de servicios que se ha desarrollado alrededor de los paraísos fiscales y otros territorios de baja tributación.
Muchos de ellos (aunque no todos) están situados en lejanas islas o territorios de ultramar, por lo que la definición inicial (alejado de la costa) es sumamente acertada. En cualquier caso, independientemente de que se hallen situados en el mar o no, todos estos territorios constituyen auténticas “islas fiscales”.
Veamos un supuesto práctico que ayudará a la mejor comprensión de lo expuesto hasta ahora:
Un ciudadano español decide abrir una cuenta bancaria en el extranjero, para realizar algunas inversiones. Si eligiera Panamá para este propósito, estaremos hablando de una cuenta bancaria offshore, y la inversión que realizará posteriormente será definitivamente de carácter extraterritorial.
Por el contrario, si decidiera abrir su cuenta en Francia, no se consideraría una operación extraterritorial. Francia, pese a tratarse de otro país, tiene un sistema fiscal similar al español y al ser un país miembro de la Unión Europea cuenta con diferentes tratados de colaboración e intercambio de información con España.
La persona de nuestro ejemplo no obtendría ninguna ventaja especial por abrir su cuenta en Francia y desde luego la confidencialidad de su depósito podría verse también seriamente comprometida.
Cabe añadir que a las inversiones o negocios realizados dentro del propio país de residencia o, como visto en el ejemplo anterior, en uno con un sistema tributario similar, se describen con el término onshore (dentro de la línea de la costa).
Siguiendo la definición dada anteriormente, parece bastante sencillo establecer cuando una operación económica puede considerarse extraterritorial y cuando no. Pero en la realidad la línea divisoria a menudo no está tan clara. Diversos organismos publican listas de los estados que son considerados paraísos fiscales. Sin embargo, al margen de éstos, existen numerosos territorios que de alguna u otra manera ofrecen ventajas al inversor extranjero. Estas no siempre tienen que ser de carácter fiscal.
Países como Suiza o Letonia, se han destacado, por ejemplo, por sus estrictas leyes de secreto bancario. Otro ejemplo es Irlanda, que ofrece importantes beneficios fiscales para las profesiones relacionadas con las artes creativas (escritores, cantantes...).
De este modo, muchos inversores aprovechan resquicios legales y características especiales de algunos países considerados onshore, para utilizarlos como si fueran auténticas jurisdicciones offshore.
No existe una lista de paraísos fiscales unificada, ya que cada país u organización aplica sus propios criterios de valoración, muchas veces con un grado de subjetividad importante. La clasificación más conocida es la efectuada por la OCDE u Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que por su gran difusión vamos a reproducir aquí. La lista fue elaborada por primera vez en junio del año 2000 y se ha ido actualizando en diversas ocasiones. La que presentamos aquí se corresponde a la versión del 14 de Septiembre de 2011.
Lista de paraisos fiscales según la ocde
- Montserrat
- Naurú
- Niué
Durante el año 2009, la OCDE redobló su presión sobre los territorios incluidos en la llamada "lista gris" y que según su consideración no habían implantado suficientemente los estándares de transparencia fiscal. Se exigió un mínimo de 12 convenios firmados para poder abandonar la lista de paraísos fiscales. Muchos países se han comprometido desde entonces y algunas de las jurisdicciones más clásicas como Gibraltar, Monaco, Liechtenstein, Guernsey, Jersey, la Isla de Man o San Marino han podido abandonar la "lista gris". También lo han hecho las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas (BVI), Turks y Caicos, Antigua y Barbuda,Belize, Bahamas y Samoa, entre muchos otros.
La OCDE además ha creado un grupo llamado "otros centros financieros" que si bien no se etiquetan directamente como paraísos fiscales, si se consideran como insuficientemente transparentes en temas fiscales. A 14 de Septiembre de 2011, esta segunda lista incluía todavía a Guatemala y Uruguay.
